Ricardo García Moya
Las Provincias, 9 de decembre de 1991
Siempre me había inquietado una duda, ¿a qué se debía la
presencia de abundante documentación valenciana en el Archivo de la Corona de
Aragón en Barcelona? Eran, muchos de ellos, legajos de los siglos XVI y XVII,
escritos la mayoría en castellano y algunos en valenciano, dirigidos al rey y
autoridades que residían en Madrid y Valladolid; es decir, nada que ver con
Cataluña ¿Por qué estaban allí? Este fondo documental -de incalculable valor-
permanece retenido ilegalmente en Cataluña desde 1852; no existiendo base legal
alguna para -si las autoridades valencianas lo reclaman- impedir su devolución.
Los temas de los legajos son muy variados: conflictos bélicos, disputas entre
virreyes y jurados de Valencia, problemas sanitarios, protocolo, etc. La
historia de esta apropiación es la siguiente: en 1808, las tropas napoleónicas
saquearon el archivo castellano de Simancas, siendo transportada a Francia gran
parte de sus fondos; entre ellos, los valencianos.
Allí permanecieron hasta 1852, cuando en gesto de buena voluntad Francia permitió su devolución a España; no obstante, sin motivo justificado, los legajos valencianos -que jamás habían estado en Barcelona-, se quedaron en la ciudad condal. Puede que la causa estuviera en el deseo de Antonio de Bofarull -funcionario en el Archivo de la Corona de Aragón en 1852- de llevar a cabo el proyecto ideado por Xavier de Garma en el siglo XVIII, que pretendía "reunir" la documentación de Aragón, Valencia y Mallorca en Barcelona, y depositarla en el Archivo de la Corona de Aragón. Hay que aclarar que este rimbombante título es reciente e impropio, pues comenzó a usarse en el siglo XVIII, cuando ya no existía la Corona de Aragón; anteriormente era un archivo del rey, de igual categoría que los de Zaragoza y Valencia. Todo indica que el círculo barcelonés de Xavier de Garma pensó que legitimaría la retención de documentos pertenecientes a otras comunidades con el aparatoso título de Archivo de la Corona de Aragón. El maquiavelismo con que fue tramado el cambio de nombre queda de manifiesto en el sigilo guardado en los preparativos y el hecho de no consultar a valencianos, aragoneses y mallorquines; ocultando la operación hasta que fue consumada
Ellos sabían que no era correcto, pues ni siquiera el Archivo de Simancas, donde se halla la documentación de la Corona de Castilla, adoptó título similar. Con menor derecho, por tanto, podría utilizarlo el de Barcelona en una confederación -la aragonesa- donde los estados eran soberanos, y sólo unidos por la monarquía común. Todo fue una operación de maquillaje y pensando en el futuro; todavía en 1802, cuando Carlos IV sintió curiosidad y quiso visitarlo, el ruborizado archivero tuvo que inventarse la infantil excusa "de haber perdido las llaves"; tal era el caos, suciedad y abandono del recinto.
El problema es grave y difícil de aceptar por las autoridades catalanas, pues no sólo tienen que devolver lo saqueado por Francia en 1808
Mucho antes, en 1419, un fuero de Alfonso el
Magnánimo ordenaba que se depositaran en Valencia los documentos, o copias, que
estaban esparcidos en otras ciudades de la Corona. Hay que aclarar que en los
siglos XIII y XIV, la documentación valenciana fue llevada a Zaragoza y
Barcelona para su seguridad, pues el Reino de Valencia fue escenario de
constantes luchas con musulmanes y castellanos. Ya en el siglo XV, el rey
consideró segura la conservación de documentos en nuestro territorio.
La orden del Magnánimo no fue cumplida, quizá por la larga ausencia del rey, inmerso en la conquista de Nápoles. Así que en el siglo XVI, nuestros antepasados insistieron en la misma petición, concediéndoles Carlos I en las Cortes de Monzón de 1542 que: "todos los registros y actas que son de la dicha Ciudad y Reyno de Valencia, los cuales están en los archivos de Zaragoza y Barcelona sean restituidos y puestos en el Archivo del palacio Real de la dicha ciudad de Valencia". Poco después, en 1570, a ruegos de "su fiel y amado archivero de este Reyno de Valencia", Felipe II dio instrucciones a los archiveros de Aragón y Cataluña, ordenándoles entregar la documentación tocante "al Reyno de Valencia, para que la reciba y traiga al Archivo desde dicho Reyno". Los aragoneses acataron la orden y, el 28 de enero de 1571, Felipe II mandó abonar al "archivero del Reino de Valencia, Francisco Juan Maiques", los gastos ocasionados por trasladar a Valencia los registros, libros y escrituras conservados en Zaragoza. Sin embargo, como era habitual, la orden no fue obedecida por los catalanes.
Incluso en el siglo pasado, en 1863, el director del Archivo del Reino de Valencia denunciaba que los catalanes deberían "dar cumplimiento a las tan infructuosas o ineficaces como repetidas órdenes de los monarcas en este asunto". El silencio fue la respuesta a esta última y legítima demanda. Quizá ahora, las autoridades valencianas sepan reclamar el legado de nuestros antepasados, que continúa secuestrado en Barcelona.
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