LA GUERRA DE SUCESIÓN (X)

DECRETO DE ABOLICIÓN DE LOS FUEROS DE ARAGÓN Y VALENCIA

Fragmento de los Decretos de Nueva Planta. Reinado de Felipe V, 1.707

SOBRE LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA :

Centrándonos, pues, en una Guerra de Sucesión Española ya librada, con el consiguiente advenimiento de la dinastía francesa de los Borbones, nos disponemos, de una forma más o menos concreta, a trabajar sobre el enunciado mismo de los escritos :

- En el Reino de Valencia :

Acá, en el conflicto sucesorio, los vasallos plantearon a los señores sus viejas reivindicaciones sociales, después del fracaso que supuso la sublevación del 1693, conocida como la “ Segunda Germanía “. Concretamente, el ofrecimiento hecho a los campesinos de abolir los derechos señoriales si abrazaban la causa del Archiduque Carlos de Austria, llevó a no pocos nobles terratenientes a inclinarse por la causa borbónica. Por su parte, la prohibición realizada por Felipe de Anjou de comerciar con los países aliados, así como los privilegios concedidos a los comerciantes gabachos, hizo que tanto la burguesía mercantil como los artesanos abrazaran el bando austracista. De esta forma, el Reino parecía quedar dividido, grosso modo, en dos bandos enfrentados : Por una parte, els Maulets, acérrimos partidarios del Archiduque Carlos de Austria, donde integrábanse los campesinos, las clases medias urbanas, así como sectores de la pequeña y mediana nobleza; de otra, els Botiflers; partidarios de Felipe de Anjou; grupo integrado por altos mandos de la nobleza y el clero, principalmente.

El hecho que señala el inicio de la sublevación en el Reino Valenciano fue el desembarco de las tropas aliadas en Altea, en Agosto del 1705, y la proclamación del augsbúrgico Archiduque como Rey de Valencia : Carlos III. El desarrollo de la guerra fue, no obstante, breve, decantándose rápidamente a favor del candidato de la Francia. La victoria de Almansa, obtenida por el ejército borbónico el 25 de Abril del 1707, dejó prácticamente decidida la suerte de la contienda. Pocos días más tarde, concretamente el 8 de Mayo, rendíase la capital del Reinado y en ese mismo año corrieron idéntica suerte Játiva, Alcira y el castillo de Alcoy. Al año siguiente tomóse Denia y en Abril del 1709 Alicante; con lo que concluía la guerra en el Reino de Valencia.

Felipe de Anjou no aguardó, sin embargo, hasta entonces, para poner en marcha su plan de “ reformas “, procediendo ya, por el decreto del 29 de Junio del 1707, a abolir la Foralidad Valenciana. En el Decreto, pues, se expone lo siguiente :

- El “ delito de rebelión “ cometido en la Corona de Aragón por los Reinos de Aragón y Valencia y “ todos sus avitadores…..faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su lexítimo Rey y Señor “.

- El “ justo derecho de conquista “ que la borbónica armada poseía sobre estos Reinos….

- El dominio absoluto que el rey francés poseía sobre ellos, ya que “ uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de las leyes “.

- El deseo de Felipe de Anjou de uniformizar la política de todos los reinos españoles al “ modelo castellano “; “ tan loables y plausibles en todo el Universo “….Es lógico, pues, que este advenedizo no entendiera lo que un servidor viene denunciando muchas veces como mentira ahistórica…..La política castellana nunca fue lo preponderante ni el modelo a seguir en los Reinos Ibéricos. Ni por el Fuero Juzgo defendido por la Monarquía Leonesa, ni por el modelo Confederacional Aragonés, ni por el Reino Portugués.

El Nuevo Decreto del 29 de Julio del mismo año decía reconocer “ que muchos pueblos y ciudades y todos los más de los Nobles, Caballeros, Infanzones, Hidalgos y ciudadanos honrados han sido muy finos y leales, padeciendo la pérdida de sus haciendas y otras persecuciones….”; en vista de lo cual, se les mantenían todos los privilegios, exenciones, franquezas y libertades, si bien no entendiéndose esto en cuanto al modo de gobierno, leyes y Fueros del Reino, ya que sobre este particular, era intención real que “ todo el continente de España se gobierne por unas mismas leyes “. Así, pues, el Reinado de Valencia debía resignarse a la pérdida definitiva de sus Fueros, medida que fue interpretada como un acto de injusta y rencorosa represalia, no sólo por los maulets, sino también por algunos botiflers.

En los primeros momentos, la situación es incierta y sin demasiada organización. Se trata de un periodo de administración militar, en que altos jefes de la armada copan todos los puestos de responsabilidad. El territorio ocupado quedó bajo el gobierno de C. D´Asfeld, lugarteniente del duque de Berwick, como comandante general del Reino, y la capital bajo el mando del mariscal de campo Antonio Del Valle, en calidad de gobernador militar. Para la Audiencia fueron designados cinco ministros de la etapa anterior, cesados por las autoridades austracistas, mientras que de las finanzas encargóse, interinamente, el comisario ordenador del ejército José de Pedrajas. Como la reestructuración del Reino exigía una organización más precisa y completa, fue enviado a Valencia, a comienzos del mes de Junio, Melchor de Macanaz, con la misión de inspeccionar el estado de las finanzas, “ reglar la ciudad al pie de Castilla “; y enviar a la junta creada en Madrid un plan general de “ reorganización “. Entretanto fue promulgado el famoso decreto de abolición de los Fueros, que llevaba aparejada la creación de una chancillería, para cuya presidencia fue designado también un castellano, Pedro Colón de Larreategui. El 30 de Agosto fue nombrado superintendente general de rentas Juan Pérez de la Puente, otro castellano, al tiempo que se iniciaba la “ castellanización “ ( Reitero : Término injusto que nada tiene que ver con la autenticidad de Castilla ) del municipio valenciano con el nombramiento de un corregidor y 32 regidores. Con todos estos novedosos nombramientos y “ reformas “, se conseguía que los principales cargos de la administración quedaran en manos de castellanos; pero como éstos desconocían todo lo referente a las normas tradicionales de la gobernabilidad valenciana, su actuación resultó en la inmensa mayoría de los casos muy poco adecuada, incluso dícese que arbitraria, ocasionando fortísimas críticas. De hecho, lo más destacado de estapa de transición y provisionalidad fueron, precisamente, los desajustes, las constantes disputas y los conflictos de competencias surgidos entre las autoridades borbónicas.