PANORAMA ACTUAL
6 de febrero de 2007
6 de febrero de 2007
"...que la Administración catalana cumpla la ley y respete la historia de valencianos, aragoneses y baleares".
El pasado día 20 de enero se constituía el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón en el Palau Lloctinent de Barcelona, con la presencia de los presidentes autonómicos de Cataluña, Comunitat Valenciana, Baleares y Aragón. Sorprendió la cordialidad del acto ya que en el trasfondo estaban los tres recursos presentados por las otras administraciones contra Cataluña por su Estatuto recientemente aprobado con los votos del PSOE en el Congreso. La foto entre los líderes regionales se quedó en una imagen mediática a favor del ‘buen hacer del Gobierno’, por lo menos para el President Montilla.
La Generalitat de Cataluña lanzó un nuevo órdago este domingo atribuyéndose una supuesta exclusividad en parte de los documentos existentes en el Archivo, por ser “catalanes”, de pura raza le faltó decir. Las injerencias de los políticos separatistas catalanes en otras autonomías y en el conjunto de España siguen la senda de siempre: pedir más y, en caso de no recibirlo, la identidad catalana es chafada por intereses “españolistas”. Sin embargo el problema de coherencia no lo tiene la Administración catalana, sino que le pesa al Gobierno central. Cataluña –o más bien una parte de su clase política- fue la que eligió saltarse a la torera en su texto estatutario varios artículos de la Constitución de 1978, como el número 46, que protegen el patrimonio histórico en el conjunto de sistemas de archivos documentales. Sin lugar a dudas, los principales culpables de que ese Estatuto saliera adelante son los miembros del Ejecutivo central y del partido que lo sustenta, por sus peajes al nacionalismo ante la imposibilidad de cuadrar la aritmética parlamentaria. El BOE publicó en el real decreto 1267/2006 la creación del Patronato del Archivo, como “centro de titularidad y gestión estatales y a cuyo patronato le corresponde emitir preceptivamente informe sobre cualquier propuesta de salida permanente de fondos del Archivo”. Esta medida adoptada por el Ministerio de Cultura es acertada pero tiene que venir seguida de una exigencia explícita al Gobierno catalán.
La ministra Carmen Calvo no se puede quedar en un toque de atención superficial y decir que "utilizar en política" este organismo sería "algo que no nos deberían de perdonar los ciudadanos". Sería conveniente que los socialistas y el Gobierno obviaran la retórica, pararan de ceder ya ante las pretensiones e injerencias nacionalistas y exigieran de una vez que la Administración catalana cumpla la ley y respete la historia de valencianos, aragoneses y baleares.
El pasado día 20 de enero se constituía el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón en el Palau Lloctinent de Barcelona, con la presencia de los presidentes autonómicos de Cataluña, Comunitat Valenciana, Baleares y Aragón. Sorprendió la cordialidad del acto ya que en el trasfondo estaban los tres recursos presentados por las otras administraciones contra Cataluña por su Estatuto recientemente aprobado con los votos del PSOE en el Congreso. La foto entre los líderes regionales se quedó en una imagen mediática a favor del ‘buen hacer del Gobierno’, por lo menos para el President Montilla.
La Generalitat de Cataluña lanzó un nuevo órdago este domingo atribuyéndose una supuesta exclusividad en parte de los documentos existentes en el Archivo, por ser “catalanes”, de pura raza le faltó decir. Las injerencias de los políticos separatistas catalanes en otras autonomías y en el conjunto de España siguen la senda de siempre: pedir más y, en caso de no recibirlo, la identidad catalana es chafada por intereses “españolistas”. Sin embargo el problema de coherencia no lo tiene la Administración catalana, sino que le pesa al Gobierno central. Cataluña –o más bien una parte de su clase política- fue la que eligió saltarse a la torera en su texto estatutario varios artículos de la Constitución de 1978, como el número 46, que protegen el patrimonio histórico en el conjunto de sistemas de archivos documentales. Sin lugar a dudas, los principales culpables de que ese Estatuto saliera adelante son los miembros del Ejecutivo central y del partido que lo sustenta, por sus peajes al nacionalismo ante la imposibilidad de cuadrar la aritmética parlamentaria. El BOE publicó en el real decreto 1267/2006 la creación del Patronato del Archivo, como “centro de titularidad y gestión estatales y a cuyo patronato le corresponde emitir preceptivamente informe sobre cualquier propuesta de salida permanente de fondos del Archivo”. Esta medida adoptada por el Ministerio de Cultura es acertada pero tiene que venir seguida de una exigencia explícita al Gobierno catalán.
La ministra Carmen Calvo no se puede quedar en un toque de atención superficial y decir que "utilizar en política" este organismo sería "algo que no nos deberían de perdonar los ciudadanos". Sería conveniente que los socialistas y el Gobierno obviaran la retórica, pararan de ceder ya ante las pretensiones e injerencias nacionalistas y exigieran de una vez que la Administración catalana cumpla la ley y respete la historia de valencianos, aragoneses y baleares.
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